En Chile, el año 2021 quedará marcado en su historia política, es uno de esos años de referencia debido al inicio de un proceso constituyente inédito, que permitirá contar con un nuevo contrato social, entre el colectivo de ciudadanos y el Estado. De forma paralela, se inicia otro proceso inédito en la administración pública regional, la implementación de las Reformas Constitucionales del año 2009 (Ley 20.390) que profundiza la descentralización administrativa vía transferencia de competencias y la reforma del año 2017 (Ley 20.990) de implementación de la descentralización política a través de la elección de gobernadores regionales.
El proceso de descentralización administrativa, regulado por la ley 21.074 a inicios del año 2018, propone un proceso de implementación de dos fases, la primera fase, corresponde al periodo anterior a la elección democrática de los gobernadores regionales y consiste en una reorganización administrativa y funcional de los gobiernos regionales, entre estos cambios, se tiene la creación del cargo de administrador regional de exclusiva confianza del gobernador regional; tres nuevas unidades encargadas de la ejecución de políticas sociales, económicas y de infraestructura pública, denominadas divisiones; y una unidad de control encargada de resguardar la probidad de los procesos administrativos.
La segunda fase, corresponde al proceso de profundización de la descentralización administrativa a través de la transferencia de competencias y rige a partir de marzo del año 2022, refiriéndose a la capacidad del gobierno regional de solicitar nuevas competencias, funciones y atribuciones de las instituciones de la administración central, ministerios y servicios públicos, en este mismo sentido, el Presidente de la República, también puede proponer competencias a transferir las que deberán ser aceptadas por los gobiernos regionales. En el tiempo y aplicando el proceso de transferencia de competencias, se observará la configuración de una administración pública regional que pasa de un modelo homogéneo a uno heterogéneo, es decir, la administración pública en el tiempo se adecuará a las características y necesidades propias de cada una de las regiones.
En el mismo sentido, la reforma de descentralización política referida a la elección del gobernador regional se reguló mediante la ley 21.073 aprobada a principios del año 2018 y su implementación se realiza entre el año 2020 al año 2024, comenzó con la realización de elecciones primarias a fines del 2020 y próximamente se realizarán las elecciones de gobernadores regionales, en primera y segunda vuelta y finalizará con la unión de la elección de gobernadores regionales y consejeros regionales que en la actualidad se realizan de forma separada a fines del año 2024.
La reforma política, junto con mejorar la calidad democrática de la región, también reorganiza la administración regional, transformando la histórica autoridad regional centrada en el intendente regional, en dos nuevas autoridades, la primera el gobernador regional que cumple las funciones de presidir el consejo regional y la de ejecutivo del gobierno regional, con funciones de desarrollo económico y social de la región. La otra autoridad creada, es el delegado presidencial regional, representante del Presidente de la República en la región que ejercerá funciones de orden y seguridad pública, aplicación de la ley de extranjería y la seguridad en los estadios coordinándose en la provincia con el delegado presidencial provincial.
El nuevo modelo de administración regional modificará el proceso histórico de gestión pública, el que surge, a partir de la instauración de la política regionalización a principios de la década del 70 cuya principal característica fue la instauración de un modelo de administración desconcentrada, a través del fortalecimiento de las secretarias regionales ministeriales y servicios públicos. La apuesta del nuevo modelo de administración descentralizada y que ello permita mejorar y hacer más eficiente la oferta pública de bienes y servicios con la demandas y necesidades de la ciudadanía regional promoviendo la colaboración y gestión intergubernamental.
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