Artículo de Claudio Eduardo Alvarado Aguirre
Abogado, Magíster en derecho penal y procesal penal.
El denominado caso audios ha sacudido fuertemente a la institucionalidad, desde que se han conocido las conversaciones que un conocido abogado de la plaza manifestó estar cometiendo delitos relacionados con funcionarios públicos.
El primer formalizado por un delito es -nada menos- un ex director de la PDI, que habría dado a conocer antecedentes reservados relacionados con investigaciones penales cubiertas de una reserva legal, conforme el artículo 182 del Código Procesal Penal que establece un secreto para terceros ajenos al procedimiento y el artículo 31 de la Ley 19.913 que, en los mismos términos, previene la comisión de delitos de lavado y blanqueo de activos.
Específicamente, se le imputa haber incurrido en la infracción reiterada al artículo 246 del Código Penal, que sanciona al “empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio”, pudiendo aplicarse en su figura agravada porque dicha revelación “habría resultado grave daño para la causa pública”. Entre algunas causas relevantes que habría difundido están la de otro ex director de la misma institución policial, de hechos relativos a un municipio del sector oriente, de un casino de juegos y de un ex intendente del gobierno anterior.
Relacionado con la misma conducta, se le atribuye al ex funcionario infringir -también de manera reiterada- el artículo 31 de la Ley 19.913 que castiga penalmente al “que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de la investigación” relativa al lavado de activos, extendiendo la norma esta prohibición y sanción “a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación e, incluso, al hecho de estarse realizando ésta”.
Luego de la comunicación de los hechos por los cuales está siendo investigado, en presencia del juez de garantía, el ex servidor público quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por estimar el tribunal que existe un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. El órgano persecutor y el querellante Consejo de Defensa del Estado hicieron ver al tribunal que se está en presencia de hechos calificados de “corrupción” y que han “dañado la confianza pública”.
A pesar de la gravedad de los hechos, hasta ahora conocidos, conforme a nuestro sistema procesal penal el imputado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo que no puede ser de otra forma, pues esa ficción legal constituye parte de un justo y debido proceso garantizado en nuestra Constitución Política de la República. Sin embargo, en estas breves líneas, quiero destacar que a pesar de la conmoción que se vive por lo acontecido, es posible observar que las instituciones funcionan, ya que a partir de la develación de los audios el Ministerio Público, que es el órgano encargado de manera exclusiva de investigar los hechos constitutivos de delitos y los que determinen la participación punible, ha actuado de manera diligente, decretando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y llevando a tribunales a un ex alto cargo de la policía, quien se encuentra sujeto a la medida cautelar más gravosa de nuestro sistema, como lo es la prisión preventiva.
Esta situación, no hace más que reafirmar la necesidad de dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas las actuaciones de un servidor público, ya que, como lo ha dicho la jueza a cargo de decretar la prisión preventiva, los bienes jurídicos protegidos en los ilícitos penales por los cuales se investiga al imputado “buscan precaver actos de corrupción de parte de funcionarios públicos, donde se afecta la confianza y un interés público”.
Más que nunca el Estado debe fortalecer la institucionalidad que, como se ha visto, ha respondido y no se ha visto derrotada
Artículo de Claudio Eduardo Alvarado Aguirre
Abogado, Magíster en derecho penal y procesal penal.